En defensa de los derechos fundamentales en internet

He estado un par de días bastante liado y hoy mientras me ponía al día con mi lector de rss me encuentro de sopetón con el anteproyecto de Ley de economía sostenible y la inmediata avalancha de reacciones a las que me quiero sumar desde aquí.

Los últimos días han sido moviditos. El día 1 de diciembre Miguel Sebastián, Ministro de Industria, recibia a un grupo de representantes formado por los artistas Loquillo, y Luis Eduardo Aute, y por los presidentes de Sony Music, Carlos López, y de la asociación de Productores de Música de España (Promusicae) con 2.500 firmas para protestar contra la piratería en Moncloa. Curiosamente este ministro ignoro en el mes de marzo a los Internautas con 275.000 firmas que exigían un ADSL más barato y universal.

A pesar de levantar alguna que otra ampolla este hecho paso medianamente desapercibido, hasta ahora, que “casualmente” se aprueba el anteproyecto de la ley de economía sostenible (en el que se contempla el cierre de páginas web que atenten contra los derechos de la propiedad intelectual sin necesidad de una autorización judicial) y lógicamente se ha puesto el grito en el cielo.

Recomiendo la lectura de una entrevista a David bravo,experto en derecho informático y propiedad intelectual, en 20minutos de la que destaco lo siguiente:

La reforma atañe únicamente a prestadores de servicios de la sociedad de la información, lo que, en la práctica, incluye a toda página web que obtenga algún rendimiento económico, por mínimo que sea…
El objetivo declarado es atacar las páginas de elinks tras el fracaso de su persecución judicial. Los jueces estaban archivando sistemáticamente los casos iniciados en vía penal contra estas webs y, en la vía civil, las primeras resoluciones relativas a medidas cautelares dejaban entrever que ni siquiera consideraban que estuviéramos ante un ilícito civil por vulneración de propiedad intelectual…
Ahora lo que han hecho es poner de Ministra de Cultura a la presidenta (ahora ex) de la Academia de Cine y , poco después, reformar la Ley para que ahora sea una Comisión del propio Ministerio de Cultura la que decida si estas webs se cierran o se abren

Manda narices que dado que los jueces no fallaban a favor de sus intereses hayan siquiera pensado en quitarlos de en medio, convirtiendo a esta en una mediada más propia de dictaduras que de democracias parlamentarias.

Hoy viernes 4 de diciembre a las 20:00 hay convocadas manifestaciones en más de veinte ciudades españolas. Pódeis ver el listado de ciudades y sus puntos de partida en el blog de gatobidimensional.

Para terminar quisiera unirme a los cientos de blogs que se han hecho eco del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, elaborado de forma conjunta por varios autores:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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